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GRANADA PROVINCIA: LOS AYUNTAMIENTOS ACUMULAN FACTURAS SIN PAGAR UN AÑO DESPUÉS DE PEDIR 315 MILLONES.

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La noticia publicada por el Diario Ideal no deja lugar a dudas: nuestros ayuntamientos siguen acumulando facturas sin pagar y se han sumado a la última fase del plan de pago a proveedores.

No es una cuestión de color político, sino de buenos gestores; y esto es una cosa de la que estamos escasos en nuestra provincia, así como en el resto de España.

Para solucionar el problema de déficit, causado por su afición a derrochar con su gestión más de lo que nos exprimen a los ciudadanos, tirarán de un nuevo crédito bancario que volveremos a pagar, con sus intereses incluidos, los ciudadanos.

Además, para más sangría a nuestras empresas, los proveedores para cobrar mediante este nuevo plan de pagos, tienen que renunciar a los intereses de demora de lo que les adeude la administración de turno.

Solo saldremos de la crisis reduciendo drásticamente el gasto y apostando por los sectores que fomenten el empleo; y no incrementando día a día la presión fiscal a los ciudadanos.

Pero que no les engañen los que quieren mantener este sistema mal descentralizado y con excesivas duplicidades, que supone el actual estado de las autonomías: se puede reducir el gasto y mejorar, incluso, los servicios a los ciudadanos.

El problema es que los partidos actuales no quieren renunciar a sus “cortijos”.

ALTERNATIVA ESPAÑOLA POR UNA GESTIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE

 Para AES los vecinos son ciudadanos y no súbditos. La gestión municipal debe ser austera, social y transparente. Para mejorar la gestión los representantes de AES promoverán:

 – La realización de auditorías públicas de las cuentas municipales.

– La elaboración de Presupuestos daros y transparentes en las partidas identificando claramente los gastos.

– El control y límite de los gastos publicitarios, de representación y suntuarios.

-El ajuste del funcionariado a las necesidades reales del municipio.

– La regulación de la contratación de asesores externos en base a criterios de costo, solvencia y prudencia.

– La reducción de las concejalías a los mínimos necesarios.

– La creación del defensor del ciudadano, para poder recibir las quejas de éstos en sus relaciones con la administración local o autonómica; muy en especial, para la denuncia -que permanecerá anónima- de aquellos casos que puedan derivar en corrupción política: retención de licencias, solicitud de intervención de profesionales específicos, exigencia de trámites innecesarios, concesión de contratos a ofertas peores,…

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